Resumen: Se plantea demanda de error judicial frente a sentencia de suplicación que fue recurrida en casación unificadora, dictándose auto de inadmisión por falta de contradicción. Se fundamenta el error judicial en la falta de argumentación sobre el cálculo de la indemnización y en la acreditación del acoso laboral y moral denunciado. La Sala IV comienza por descartar que la demanda sea extemporánea, teniendo en cuenta la suspensión de plazo procesales por la normativa Covid. En cuanto al requisito de agotamiento de recursos, razona que el incidente de nulidad de actuaciones sólo es exigible si es útil a efectos de subsanarlo, lo que sucede en el caso enjuiciado. Y, con remisión a la reiterada jurisprudencia en relación con el objeto del proceso de error judicial, desestima la demanda razonando que únicamente se apreciará como error judicial, susceptible de ser indemnizado, aquel que se manifieste como un error craso, evidente e injustificado, sin que este procedimiento especial sirva como una nueva vía para que el recurrente insista en su criterio. La decisión de la sentencia cuyo error se denuncia no puede ser tachada de errónea o injusta pues, en realidad los argumentos de la demandante son reiteración de los utilizados ante el juzgado y la sala de suplicación, constituyendo una mera discrepancia con la interpretación de la norma realizada por estos tribunales. Se desestima la demanda, al no haber incurrido la sentencia en error patente, indubitado o incontestable.
Resumen: La trabajadora , madre de una menor que forma una unidad familiar monoparental, impugna el despido individual que trae su causa en un despido colectivo por causas económicas , organizativas y productivas que había finalizado con acuerdo. La empresa había estado en sucesivos ERTEs COVID-19 por reducciones de jornada y posteriormente suspensión. Por el Juzgado de lo Social se desestima la demanda y se declara el despido procedente. Se interpone recurso de Suplicación por la trabajadora que es estimado parcialmente. Asi la actora solicita la nulidad del despido por entender que existe una discriminación o bien directa o indirecta por razón de sexo , lo que es desestimado. Por la Sala se acoge el motivo del recurso subsidiario que se declare la improcedencia, pues entiende que las causas alegadas por la empresa para el despido objetivos son las mismas que las alegadas para los ERTEs COVID-19 y por lo tanto se podría acoger a un ERTE pero no a un despido . Y es que no aparecen probadas otras causas determinantes y ajenas a la situación de mercado causada por la epidemia y siga vigente la norma legal que habilita la suspensión y prohíbe la extinción, no es posible proceder a un despido en base a las mismas, ni considerarlas definitivas, porque ello supone una respuesta contra legem.
Resumen: La sentencia declara el despido improcedente y la Sala, tras rechazar la revisión de los hechos, por venir con fundamento en documentos valorados por el Juez, mails o declaraciones testificales, confirma la misma, razonando que la empresa adopta la medida del despido porque "ante la conflictividad generada decide prescindir de la actora", luego no se entiende que pueda prosperar la garantía de indemnidad ya que el despido no obedeció a una represalia. A juicio de esta Sala del inalterado relato de HP conlleva entender que no hay indicios de discriminación respecto del resto de trabajadores; podrá haber actuaciones diferentes, pero para que sea entendida como desigualdad a efectos discriminatorios tutelable como DDFF ha de entenderse respecto de las causas tasadas en el art 14 CE. Del relato de hechos probados inmodificado, se revela que en las situaciones descritas no concurren los requisitos para calificar la conducta de acoso laboral y por tanto no puede operar la calificación de Nulidad. Parte de sus consideraciones son estimadas por la Junta de Gobierno del Patronato, tiene trabajadores a favor y en contra de su gestión, según la valoración de la prueba, los partes de baja se inician a escasos meses de iniciar a trabajar. En ningún caso concurre el hostigamiento continuado, que en su caso sería susceptible de ser recurrido, pero de los hechos probados no se evidencia una conducta vejatoria o humillante ni de violencia psicológica, ni habitual, ni reiterada en el tiempo.
